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El derecho de los pacientes a recibir tratamiento en cualquier Estado miembro sin necesidad de autorización previa ya ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diversas sentencias desde 1998. El objetivo de la nueva norma sobre servicios sanitarios es codificar la jurisprudencia del Tribunal para reforzar la seguridad jurídica de los pacientes.

De acuerdo con los datos del Ejecutivo comunitario, en la actualidad la movilidad de los pacientes es bastante limitada, ya que sólo representa el 1% del gasto sanitario total, aunque es más elevada en casos particulares como en las regiones fronterizas.

La comisaria de Sanidad, la chipriota Androula Vassiliou, explicó que los objetivos de la norma son tres: ayudar a los ciudadanos a hacer uso de su derecho de recibir tratamiento en otro país de la UE; garantizar que todos los pacientes reciban un tratamiento de calidad en toda Europa; y fomentar la cooperación entre los sistemas de salud europeos.

Vassiliou resaltó que la nueva directiva no pretende armonizar el funcionamiento de los sistemas sanitarios de la UE ni cambia sus reglas de gestión. "Los Estados miembros seguirán siendo los responsables de decidir qué beneficios garantizan a sus ciudadanos y qué tratamientos y medicinas pagarán. Estamos simplemente clarificando los derechos de los pacientes que recoge el Tratado y que ha establecido el Tribunal de Justicia", explicó la comisaria.

Derecho a buscar tratamientos en otro país

La directiva sobre servicios sanitarios establece que los pacientes tienen derecho a buscar tratamiento en otro Estado miembro y a ser reembolsados por ello. Sin embargo, sólo se les devolverá el dinero que habría costado el mismo tratamiento en su país de origen. Además, no se podrá ir a buscar a otro país de la UE un tratamiento que no preste la sanidad pública del país de origen del paciente. Es decir, que una irlandesa no puede servirse de esta directiva para ir a abortar a otro Estado miembro y pedir luego al Gobierno de su país que le devuelva el coste

En el caso de los tratamientos hospitalarios, sí que se permitirá a los Estados miembros introducir un sistema de autorización previa para sus nacionales que quieran ir a otro país de la UE. Eso sí, deberán justificar que, sin esta restricción, podría haber riesgos para el funcionamiento de su sistema sanitario. Este sistema de autorización deberá notificarse a la Comisión y publicarse.

Durante la preparación de la directiva, España reclamó que se creara un fondo de compensación para cubrir los gastos de los países que dan tratamiento a un gran número de turistas. Sin embargo, en sus últimas declaraciones sobre esta cuestión el ministro de Sanidad, Bernat Soria, ha dado a entender que para el Gobierno no es necesario que este mecanismo de compensación se incluya en la directiva de servicios sanitarios, sino que se trata de que los procedimientos de recuperación de costes funcionen de manera eficaz.